La mayoría de los países de la región latinoamericana se han caracterizado por tener una tendencia al desempleo y la inestabilidad laboral, es decir, la falta de oportunidades laborales que afectan negativamente la economía nacional, la estabilidad social y el desarrollo de estas naciones. En los últimos años la firmeza monetaria de los países latinoamericanos se vio profundamente afectada, puesto que enfrentaron la peor pandemia de los últimos 100 años, cuyos efectos todavía impactan la estructura productiva y social.
Inesperadamente, la COVID-19 obligó al acuartelamiento de gran parte de la población, bajando la productividad industrial, limitando las relaciones internacionales (exportación e importación) y promoviendo la pérdida de empleo a nivel general. Por la naturaleza de la pandemia, la población productiva se vio en la obligación de trabajar desde casa y, en los casos más extremos, perder su empleo. Por tanto, la afectación económica fue de grandes niveles, desatando una problemática laboral mayor: la desaparición obligatoria de empleos en toda la región y el aumento de la informalidad.
Esto se dio también por la digitalización y automatización de las funciones humanas en las cadenas de producción, con lo que se vieron más afectados sectores como el comercio —exceptuando los distribuidores de elementos de primera necesidad y medicamentos—, el turístico, hotelería, restaurantes y la manufactura. Al ser acciones que no siempre se podían efectuar a la distancia, desaparecieron empleos formales que estos sectores ofertaban en condiciones públicas normales, desencadenando desocupación e informalidad.
Además, la afectación negativa fue más allá. La COVID-19 promovió el cierre de pequeñas y medianas empresas, puesto que las PYMES ya se encontraban en desventaja con respecto a las grandes empresas consolidadas. Dicho aspecto ocasionó el quebranto del empleo formal que estas proporcionaban a ciudadanos de educación media, profundizando la concentración monetaria y la desigualdad social, alentando un mayor número de personas en la informalidad.
Bajo las circunstancias que dejó la COVID-19, los grupos poblacionales que se vieron mayormente afectados fueron: las mujeres, quienes por el confinamiento tuvieron que asumir las responsabilidades del hogar y perdieron empleos formales e informales; los vendedores ambulantes, que se tuvieron que encerrar sin otra solvencia económica; y los jóvenes que estaban entrando al mercado y no encontraban oportunidades laborales. Aunque los mercados han mostrado recuperación, las brechas estructurales aún persisten.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la crisis que desató la COVID-19 cerca de 34 millones de personas perdieron su empleo en América Latina y el Caribe. Esto produjo un mayor desequilibrio económico y social, llevando a parte de la población categorizada como clase media a la pobreza y a un porcentaje significativo de ciudadanos a la pobreza extrema, situación cuya recuperación ha sido progresiva y desigual en la región.
Por tanto, se hace altamente necesario que diseñes, impulses y exijas que los gobiernos nacionales de la región creen e implementen estrategias de reactivación laboral sostenibles, con el fin de minimizar las brechas que profundizó la pandemia. Las estrategias deben estar orientadas a enfrentar las fallas estructurales que se agravaron con la crisis sanitaria y que han frenado el desarrollo y la consolidación de los países latinoamericanos, fortaleciendo la formalización del empleo, la protección social y la inclusión productiva.
Organización Internacional del Trabajo. (2020). 34 millones de empleos se perdieron por la crisis en América Latina y el Caribe. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_756717/lang–es/index.htm