Para nuestro caso, si bien la Ley 772 de 2002 en su artículo 1 determina el derecho a los servicios asistenciales y reconocimiento de las prestaciones económicas, hay varios puntos que pueden manejarse desde el ámbito de las ARL con el Decreto 1333 de 2018 como:

1. La prórroga de las incapacidades (4): Hay prórroga cuando se expide una incapacidad con posterioridad a la inicial, por la misma enfermedad o lesión o por otra que tenga relación directa con esta, siempre y cuando no haya interrupción entre cada una mayor a 30 días calendario. En el caso de las patologías de origen laboral, esto permite disminuir las policonsultas tanto por urgencias o consulta programada de su EPS o ARL, logrando un manejo óptimo por los médicos tratantes que tienen amplio conocimiento del caso desde su inicio y garantizando el cumplimiento de los plazos y objetivos establecidos en el plan de tratamiento inicial.

2. La revisión periódica de la incapacidad: De acuerdo al artículo 17 de la ley 776 de 2002 (6), cuando el paciente no se someta a los exámenes, controles o prescripciones que le sean ordenados, o que rehúse, sin causa justificada, a someterse a los procedimientos necesarios para su rehabilitación física y profesional o de trabajo, se suspenderá el pago de las prestaciones. Para este caso, es importante hacer una revisión periódica objetiva de la incapacidad como lo propone el Decreto 1333, ya que esto permite detectar los casos en los que el curso natural de la enfermedad y rehabilitación se desvíe de lo esperado. Por ello, se debe realizar en la historia clínica un plan integral de tratamiento, monitoreo y evaluación de dicho proceso cada 60 días o antes de ser necesario. Esto permite determinar el avance de los objetivos trazados en el plan establecido, lo cual igualmente debe quedar consignado en la historia, para poder en un futuro determinar el incumplimiento mayor o igual al 30% de dichos objetivos, lo que constituye un abuso al derecho y da lugar a la suspensión del pago de las prestaciones económicas.

3. Doble reconocimiento: Tanto para EPS como para ARL hay una problemática común de abuso al derecho que da lugar a la suspensión de las prestaciones económicas (4)(6). Se trata de la alteración o fraude en la emisión de incapacidades, cuando hay doble pago por recobro a ambas entidades (EPS y ARL) sobre un mismo evento (lo cual puede verse disminuido con lo documentado en el punto 1 sobre prórrogas de incapacidades).

Y peor aún, cuando un trabajador se encuentra incapacitado por una patología de origen laboral con un reconocimiento prestacional 100% (7) y adicionalmente se encuentra laborando, derivando ingresos y al mismo tiempo limitando su recuperación.